Por: Baldeon Remuzgo Danny.- Como sabrán en la Constitución de 1993, se autoriza enajenar las tierras de las Comunidades Campesinas, incluso se adiciona un Art. con relación a la de 1979 para que el Estado pueda declarar en Abandono, revertirlas a favor del Estado y venderlas al mejor postor.
Dicha modificación naturalmente tiene un propósito, que no es otra cosa que la desaparición de las Comunidades Campesinas, única bastión de la Organización heredada de nuestros antepasados; para que de esa manera se obvie la Consulta Previa que exige el Convenio 169 de la OIT., así como evitar los llamados conflictos sociales, la razón poderosa negociar las tierras comunales que están dotados de riquezas naturales y que es la ambición de las grandes transnacionales, principalmente las mineras.
Siguiendo este mal se han dado una serie de normas que afectan gravemente el uso de las tierras comunales y últimamente el libro uso del agua que es controlado por Organismos del Estado como el ANA.
COFOPRI que inicialmente fue creado como una Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, hoy se ha constituido en un Organismo al cual se le ha dotado con una serie de facultades, mediante las cuales tienen la finalidad la extinguir las Comunidades Campesinas y bajo engaño de otorgar títulos de propiedad de sus casas convertirlos en "Centros Poblados" que no son otra cosa que Pueblos Jóvenes y/o AA.HH.
Las Comunidades Campesinas en el Perú tienen existencia legal y sus derechos reconocidos en todas las Constituciones, además el uso y disposición de sus tierras regulados por la Ley de Comunidades Campesinas. El Derecho de Propiedad de las Comunidades se encuentran reconocidos válidamente y debidamente inscritos en los Registros Públicos.
COFOPRI en complicidad con la Municipalidad Provincial y los Alcaldes de las Municipalidades Distritales, sin consentimiento ni conocimiento de los Comuneros han procedido a independizar un área de la propiedad comunal a favor del ESTADO, sin respetar la Constitución (Art. 70º) vulneración de la propiedad privado que únicamente puede ser expropiada mediante ley de necesidad y utilidad pública y previo pago de justiprecio; el Código Civil (Art. 2015º) que regula el tracto sucesivo de un derecho inscrito. Es decir, han arrebatado ilegalmente un área de la propiedad comunal sin que la Comunidad lo extienda el correspondiente título y actualmente se encuentra inscrito en los Registros Públicos a nombre de EL ESTADO REPRESENTADO POR COFOPRI.
Cuando un derecho se encuentra inscrito en los Registros Públicos, está protegido por el Principio de Legitimación, regulado en el Art. 2013º del Código Civil, que señala expresamente "El contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos , mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez"; es decir, que es el Poder Judicial el único ente que puede declarar NULO EL CONTENIDO DE DICHA INSCRIPCIÓN REGISTRAL que no es declarada por una Ley, menos por la intervención de cualquier otra autoridad, ni siquiera por intervención del Congreso o el mismo Presidente de la República.
Dejamos esa constancia, porque los Politiqueros que se quieren subir al carro a última hora, con el cuento de buscar una solución pretender utilizar a los Comuneros en movilizaciones y/o marchas, cuando ello no conduce a ningún lado. Las Comunidades de las cuales ya fueron afectadas su propiedad no les queda más que el camino judicial para revertir dicho acto ilegal y, los que aún se encuentran en trámite, les queda el camino administrativo como Ya lo han conseguido BAÑOS, PIRCA Y RAUMA.
Lamentablemente en Huaral el 80% de las Comunidades de la parte alta han visto afectas su propiedad y a ellas no les queda otro camino que iniciar las acciones judiciales que corresponde como lo vienen haciendo VICHAYCOCHA y STA. CATALINA.
Finalmente hay que recodar que fue justamente la Comunidad Campesina de San Miguel de Vichaycocha que puso en alerta pública el año pasado en plena plaza de armas de Huaral cuando se le pretendió repartir sus títulos de propiedad y desde ahí ha seguido firme en su rechazo habiendo realizado consultas ante los Organismos Públicos como el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo.
Esta última Institución como podrán ver de reciente oficio HA RECOMENDADO A COFOPRI A REVISAR EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE VICHAYCOCHA POR CUANTO NO LE CORRESPONDE A ESTA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº. 28685 QUE ESTÁ REFERIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS COMUNIDADES DE LA COSTA; a dicha conclusión habría arribado la Defensoría del Pueblo en virtud al Informe que emitió el Programa de Pueblos Indígenas, quiénes han señalado QUE EXISTE UNA VULNERACIÓN AL DERECHO DE LA PROPIEDAD COMUNAL Y UNA INADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY Nº. 24647 Y SUS MODIFICATORIAS.
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